Un duro informe de una relatora especial de la ONU llama a regular y limitar el uso de pesticidas en la agricultura
Roma. – «Responsables de muertes por intoxicación», «graves efectos para las personas y para el planeta», «contaminan y degradan el suelo», «doble rasero», «fuerte presión de la industria» sobre las autoridades… Los plaguicidas químicos y sus productores —y los Gobiernos y organismos reguladores— se llevan un buen varapalo en el informe que dos relatores de Naciones Unidas han presentado al Consejo de Derechos Humanos de la organización internacional.
De acuerdo con una nota del diario El País, la asociación que agrupa a los principales productores, CropLife, ha señalado en un comunicado que colaboran con todas las agencias de la ONU para conseguir un uso responsable de estas elaboraciones y ha tachado de «infundadas» y «sensacionalistas» muchas de las afirmaciones contenidas en el estudio.
El documento, que aborda la cuestión del uso de plaguicidas químicos como un obstáculo para el respeto a los derechos humanos —y en concreto a obtener una alimentación adecuada— no escatima en críticas a su uso ni a sus productores, ni en ejemplos de sus peligros consecuencias negativas.
Se refiere, entre otros muchos, a casos como el uso del DCBP (un producto hoy prohibido y considerado cancerígeno) en plantaciones bananeras de todo el mundo, que dio lugar a casos de esterilidad en trabajadores expuestos en Davao (Filipinas).
El comunicado de la industria insiste en que tanto los Gobiernos como los propios productores se preocupan de asegurar que no haya «efectos humanos ni medioambientales negativos» si los químicos se utilizan de forma adecuada y responsable.
También descalifica prácticas como la venta en otros países, generalmente en desarrollo, de productos prohibidos en el propio. Y cita el caso del gigante Syngenta, que según el texto vende el polémico compuesto paraquat pese que lleva años prohibido en Suiza (sede de la compañía) y otros países.
«Someter a personas de otros países a toxinas de las que se sabe que ocasionan graves daños a la salud o incluso la muerte constituye una clara violación de los derechos humanos», sentencia el documento, que lamenta la falta de información y datos sobre los daños que provocan en humanos. Con todo, cita cifras como la de 200.000 muertes anuales por envenenamiento con pesticidas con base en estudios que referencian a otros estudios, o sin mencionar que gran parte de ellas se consideran suicidios intencionados.
Los ejemplos le sirven a Hilal Elver, relatora especial para el derecho a la alimentación —junto a Baskut Tuncak, relator de tóxicos— para censurar con contundencia el modo de actuar de las grandes compañías del sector.
Tras resaltar el «enorme poder» del «oligopolio de la industria química» —tres grandes grupos (Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-Dupont) controlan más del 65% de las ventas mundiales de plaguicidas—, critica que las dos primeras se nieguen a divulgar sus propios estudios sobre los efectos nocivos de sus productos. También advierte de «graves conflictos de interés» en perjuicio de los pequeños agricultores por el hecho de que esas mismas empresas controlan el 61% de las ventas comerciales de semillas.
Al tiempo, acusa a las empresas de organizar campañas para desprestigiar a los científicos que sugieren esos peligros del uso de plaguicidas, y alerta de la existencia de «puertas giratorias» entre los organismos que elaboran las normas para el sector y la industria.
«Otras prácticas flagrantes son, por ejemplo, infiltrarse en los organismos federales de regulación», señala el informe. La respuesta de la agrupación industrial CropLife asegura que toman de forma voluntaria medidas para mitigar los riesgos para la salud y medioambientales, incluyendo la retirada de productos.
Con información de El País
